Archivo de la categoría: Sociedad

El ‘referendum’ catalán no es un problema

El Constitucional anulará cualquier ley de referendum que apruebe el Parlamento de Cataluña. El Gobierno ataca día sí y día también cualquier iniciativa en este sentido. Los partidos no independentistas muestran unidad para hacer ver que lo que está haciendo Puigdemont es un disparate. Sin embargo la convocatoria de un referendum en Cataluña no tiene importancia. ¿Por qué?

La Constitución es un conjunto de normas que están por encima de cualquier ley. Para modificarla se requiere (por lo general) un consenso político y aquí sí, la convocatoria de un referendum para que la gente vote si está de acuerdo o no con ese cambio. Es obvio que no hay ninguna manera legal de que un gobierno autonómico convoque un referendum para pedir la independencia de su región por su propia cuenta y riesgo. Es decir, que si el actual gobierno catalán le da por hacer una votación para preguntar a la gente si quiere la independencia de Cataluña del resto de España, no es más que una encuesta, tan válida como una que pueda convocar yo en mi barrio y votando por Internet. Es simple y llanamente, una acción sin ningún tipo de consecuencia legal ya que no es vinculante. ¿Por qué entonces esa preocupación porque se celebre un referendum? El gobierno central no debería centrarse en impedir votar, sino en si se están usando fondos públicos para actividades que no son las que deberían. Sería un problema de malversación o prevariación, no de celebrar o no una encuesta popular. En el momento en que el gobierno usa al Constitucional para para este ‘referendum’ no está sino otorgando una legitimidad a esa votación que no tiene. Esos resultados no son válidos ya que no es una consulta legal, no tiene un censo oficial ni está regulada o avalada por un organismo compentente. Por lo tanto no tiene sentido dedicar tantos esfuerzos por parar una votación que no supone absolutamente ningún tipo de cambio legal. Celebrar una votación no debería ser delito porque no se está atentando contra la libertad de nadie. Diferente sería el caso de que se promulgara alguna ley que obligara a los funcionarios catalanes a desobedecer al gobierno central o a incumplir alguna ley. Ahí sí que tienen que entrar los jueces, porque ahí si se estaría atentando contra la libertad de los ciudadanos. El enfoque por lo tanto es erróneo desde el primer momento y esa aparente fortaleza y defensa de la unidad de España no hace más que animar a los independentistas a seguir adelante, porque cada vez que un miembro del Gobierno de España o algún portavoz del Partido Popular se obceca en atacar la celebración del referendum, lo único que consigue es que más gente se una al bando independentista, ya que todas estas declaraciones se ven como una falta de democracia (aunque en realidad no lo sea). Pero tan importantes son los hechos en este caso como la percepción que los ciudadanos tienen de ellos. No importa que nadie esté quitando libertades al pueblo catalán. Si la gente de Cataluña percibe que realmente están perdiendo derechos, cada vez más personas se volverán más reticentes a cualquier tipo de decisión que venga del Gobierno y por lo tanto, más empeora la situación. Nunca es buena idea atacar a los extremos con extremos. El Partido Popular es un partido nacionalista, tan sordo y egoísta como los nacionalistas catalanes. Es combatir el fuego con el fuego y al final lo que está ocurriendo es que el incendio se nos está yendo de las manos. No hay que ceder a chantajes, hay que cumplir la ley, pero no hablamos de que el Gobierno deba ser blando, sino cordial y flexible; no dar un paso atrás pero tampoco ser tan beligerante contra un grupo de políticos que lo único que han hecho hasta ahora es ‘amenazar’ durante meses con convocar un ‘referendum’. En el momento que hagan algo ilegal, la justicia actuará. Mientras tanto, lo más inteligente sería ignorar la mayoría de sus pretensiones, sonreir amistosamente y no caer en este juego de banderas donde hay mucho más que perder que de ganar para ambos bandos. Tenemos al Gobierno más incompetente de las últimas décadas con el nacionalismo e independentismo catalán más radical y egoísta de la historia. Así nos va.

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La libertad de expresión: la gran olvidada de la política en España

Todos los partidos políticos en España afirman defender la libertad de la gente en general y la libertad de expresión en particular. En todas las ideologías políticas el tema de la libertad ha sido siempre importante ya sea por haber luchado por lograrla, por mantenerla o incluso por acabar con ella en nombre de la seguridad, la religión o el patriotismo. Los partidos políticos actuales, representados principalmente por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, hablan constantemente de ello y se atacan unos a otros cuando la libertad de sus simpatizantes o sus miembros se ve amenazada. Ocurrió con el caso de Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid que hizo un chiste en Internet sobre Irene Villa, víctima del terrorismo. El PP acusó a Zapata de hacer apología del terrorismo y de no respetar a las víctimas. Podemos por su parte, defendió el derecho a la libertad de expresión y afirmó que contar un chiste no puede ser delito. El debate surgido por este suceso se centró en los límites de la libertad de expresión y del humor. Más tarde surgió otro debate similar. Un autobús de la asociación ultracatólica Hazte Oír difundió un mensaje que rezaba: Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Este mensaje fue considerado por Podemos como una ofensa contra los transexuales y pidió la prohibición de que el autobús siguiera circulando por las ciudades. Los dos casos son ejemplos de expresiones sobre temas delicados y tanto por un lado como por el otro, siempre hay quien defiende eso en nombre de la libertad de expresión y quien lo ataca diciendo que los límites se han sobrepasado y que se debe prohibir ese tipo de mensajes. A a raíz de este incidente el grupo parlamentario de Podemos presentó una proposición de ley en el Congreso: Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. La idea es que actos como los del autobús sean sancionables por vía administrativa si la vía judicial no considera esos actos un delito. Es decir, que si una persona hace una broma en Twitter o pone un mensaje en un autobús y un juez dice que es libertad de expresión y que no existe delito, el Gobierno podría sancionar igualmente ese acto y además proceder al “decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte”. En otras palabras, si un juez aplica la ley y no ve delito alguno pero el Gobierno cree que esas palabras son censurables, podrá aplicar esa censura mediante una comisión administrativa, sin tener en cuenta a los jueces. Es una proposición de ley equiparable a la Ley Sinde del PSOE, que daba potestad al Gobierno de cerrar páginas web sin pasar por un juez. La Ley de Seguridad Ciudadana del PP, más conocida como Ley Mordaza, aplicaba el mismo sistema para sancionar a manifestantes o grupos que se reunieran sin ‘autorización’, sin pasar por un juez tampoco. Ahora, Podemos quiere hacer lo mismo, por una causa ‘justa’, defender a los homosexuales, pero sin contar con el poder judicial. En los tres casos es un claro ejemplo de cómo los grupos de presión han influenciado al Gobierno de turno para imponer sus criterios morales sobre lo que es correcto decir y lo que no. Estos tres partidos tienen un problema con la libertad de expresión ya que solo promueven medidas restrictivas cuando las expresiones están en contra de sus valores o lo que ellos consideran ‘pasarse de la raya’. Al final estamos viviendo una época en la que la ofensa colectiva está influyendo en los legisladores a la hora de redactar las leyes y la consecuencia de todo esto es un claro retroceso en la libertad de las personas, la libertad de poder decir tu opinión sobre un tema, de decir algo distinto, de contar un chiste… El insulto personal ya está contemplado en la ley y un juez puede condenar a una persona que amenaza a otra, pero lo que estos tres partidos han pretendido con estas leyes es ignorar la ley actual, saltarse al poder judicial y aplicar sanciones administrativas por estas ‘ofensas’, que lo son o no dependiendo del color del partido que gobierne en ese momento. Hay dos grandes problemas con estas iniciativas: la vuelta de un Estado censor y garante de la moral del pueblo (como el franquismo) y la independencia del poder judicial, que cada vez más está en entredicho con los actos mafiosos del actual gobierno popular. Estos tres partidos (y muchos otros) no han entendido lo que significa la libertad de expresión, que incluye también el derecho a que los demás se sientan ofendidos por algo que quizá no esté bien visto o sea demasiado revolucionario, pero que sin duda es la base de un país democrático y libre.

“Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír.” Orwell

 

Cuando la democracia pone a Donald Trump de presidente

Donald Trump ya es el 45º presidente de los EEUU, por mucho que le pese a algunos. Las protestas contra el millonario neoyorkino empezaron incluso antes de que lanzara oficialmente su campaña. Sus ideas no encajan con una visión liberal de la sociedad, sino con una más capitalista, donde el estadounidense va antes que los demás y donde el que quiere algo ha de conseguirlo por sí mismo, sin ayuda del Estado. Esta idea de lo que debe ser un país es bastante diferente a lo que en Europa entendemos por sociedad del bienestar, donde el Estado es el principal garante de la Educación o la Sanidad.  A los europeos nos choca que alguien con una personalidad tan excéntrica como Trump pueda llegar a ser presidente. Sin embargo que este personaje haya llegado a donde ha llegado es consecuencia directa de un hartazgo de una gran parte de la población (en este caso estadounidense) de la política tradicional, bien por el voto directo de muchos de sus ciudadanos o bien por la abstención de muchos de los que no lo querían como presidente pero estaban demasiado ocupados quemando cubos de basura y haciendo pancartas como para ir a votar. Es posible que estos sean los mismos que una vez terminadas las elecciones no han dejado de manifestarse en contra de Trump, acusándolo de machista, racista, xenófobo, fascista y un sinfín de calificativos que catalogan a este elemento como lo peor que existe en el mundo hoy en día. En Europa la reacción ha sido similar (con la salvedad de que aquí no teníamos ni voz ni voto en su elección) y miles de personas se han manifestado en contra de Trump y las políticas que ni siquiera ha tenido tiempo de iniciar como presidente. Es obvio que la mayoría de estas personas se autodenominan progresistas o izquierdistas y ven en Trump una amenaza contra la mujer, los inmigrantes, el medio ambiente, la sanidad pública y los trabajadores. Analizar las políticas que el nuevo presidente de EEUU quiere comenzar su legislatura sería complejo y largo y el debate que se crearía, casi inacabable. Pero hay algo que si bien era sorprendente en sus inicios, ya ha dejado de serlo: la falta de respeto a la democracia. La democracia consiste en que el pueblo elige a sus gobernantes y la decisión de la mayoría se impone sobre la de la minoría. En EEUU la mayoría han elegido a Trump (al menos la mayoría según el sistema electoral estadounidense y la gente que fue a votar) y por lo tanto su mandato es tan legítimo como el de los cuarenta y cuatro presidentes anteriores. Pero como se ha visto en los informativos de las últimas semanas, hay un grupo de personas que no lo acepta. Las ideas de Trump van en contra de las ideas de solidaridad, justicia y paz que estos grupos predican. Sin desmerecer sus reivindicaciones ni demandas, el hecho es que estas personas no han aceptado la única verdad absoluta a día de hoy: que Trump ha ganado las elecciones porque el pueblo así ha querido. Es una falta de respeto a la democracia no aceptar el resultado de una elecciones limpias y protestar por la investidura del candidato que no te gustaba. Durante las épocas de crisis económica y social como la que vivimos actualmente, las ideas tienden a radicalizarse; los de izquierdas se vuelven más de izquierdas y los de derechas más de derechas. Ambos extremos nunca aportan nada bueno a la convivencia y a la democracia. No se puede pretender que siempre gobiernen los que tú apoyas y pensar que los que votan diferente son estúpidos o ignorantes. La democracia consiste también en respetar las decisiones de la mayoría y si esa decisión no te gusta intenta cambiarlo de la misma manera, con más democracia. Si pese a todo nadie te sigue, quizá es que ese método que predicas no convence a la mayoría y tengas que adaptar tu discurso y moderar tus ideas. Me preocupa que la gente en general no sea capaz de aceptar que hay otros que pueden pensar diferente y que el respeto a las ideas de los demás sea algo que poco a poco se va perdiendo. Los manifestantes de la investidura de Trump no están respetando la democracia ni al pueblo de EEUU que con su voto le han elegido. Si será un buen presidente o no, lo decidirá el tiempo, pero mientras tanto, merece la pena reflexionar sobre por qué alguien como Trump ha llegado a presidente y qué ha hecho que gente normal, ni lista ni tonta, ni pobre ni rica, haya votado por un magnate de los casinos en lugar de una político de carrera.