Archivos Mensuales: enero 2014

Impuestos a cambio de nada

Desde el comienzo de la crisis económica los impuestos no han dejado de subir. Este hecho es una queja habitual de la ciudadanía, que ve mermada su capacidad de poder adquisitivo al disponer de menos recursos para dedicar al consumo. No voy a entrar en la conveniencia o no de subir impuestos en una etapa de recesión económica, sino en las consecuencias sociales de no aplicar estas subidas con coherencia. En principio cualquier persona estaría a favor de pagar menos al Estado y tener más dinero todos los meses para gastar, sin embargo en la sociedad de bienestar en la que nos encontramos (al menos por ahora) es completamente necesario que existan recursos permanentes para el sector público. Pensiones, sanidad, educación, obras públicas… Los impuestos so necesarios para poder pagar estos servicios, con lo que está claro que su existencia es algo claramente positivo para el conjunto de la sociedad. Sin embargo lo que no entiende el ciudadano medio es que por un lado aumenten la presión fiscal (recayendo además y por lo general en los más débiles) y por el otro se reduzca el gasto social. Es comprensible el enfado de un trabajador que después de que le retengan una cantidad mayor en su nómina y pagar más por la luz, el agua y la gasolina, además deba hacer frente a la subida de las tasas universitarias de su hijo y a la subida del precio de algunos medicamentos de su madre enferma. Nadie se opondría a un aumento de los impuestos si proporcionalmente aumentan los servicios públicos. El problema no es la subida en sí, sino el hecho de aumentar la recaudación pública sin que eso implique una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. Si el Estado no me va a dar una contraprestación a cambio de mis impuestos, es mejor no cobrar impuestos en absoluto. Al final todo se reduce a un problema de gestión, ya que la mayoría de la población no está dispuesta a renunciar al estado de bienestar que se ha alcanzado en las últimas décadas. Impuestos sí, pero no a cambio de nada.

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Cuando ignorar a tus ciudadanos provoca violencia

La culpa de la violencia acaecida en el barrio del Gamonal en Burgos es de quien la ejerce, de los violentos. Sin embargo, la responsabilidad de esa violencia es de los políticos, del alcalde de la localidad.

Escucho cada vez más habitualmente a varios tertulianos de televisión y escritores de columnas semanales de diversos periódicos, argumentos a favor de la democracia y el respeto a la ley. Suelen ser frases hechas, tan obvias y carentes de significados profundos que hasta un niño pequeño puede entenderlas, y estar de acuerdo con ellas. Pero como siempre, falta el análisis de las causas que provocan el hecho, no del hecho en sí.

Podemos mirar las protestas del Gamonal como el levantamiento de un barrio contra su alcalde por tirar el dinero de sus ciudadanos en una obra innecesaria o poco relevante, o podemos ver más allá y ver mediante un ejemplo de la vida real, qué es lo que sucede cuando un alcalde, por mucha legitimidad electoral que tenga, no escucha a sus ciudadanos. Esto no va de mayorías y del recuento de votos. Tener el poder y haber llegado hasta él de manera democrática no otorga el derecho a tomar decisiones arbitrarias y sin consenso. Con las primeras manifestaciones estaba claro que al menos una parte de los vecinos del barrio afectado no querían las obras. Lo lógico, lo que habría hecho un buen gobernante es sentarse y escuchar. Pese a que me consta que hubo conversaciones, no se llegó a ningún acuerdo, con lo que el alcalde de marras decidió tirar ‘palante’ y arrasar con todo. Al final, debido al gran número de personas que impedían que las obras se llevasen a cabo y debido también a que el número de actos violentos se incrementaba día tras día, el susodicho alcalde decidió recular.

¿Qué lecciones se pueden aprender de estos sucesos? Muchas. La primera es obvia: una mayoría electoral no te da carta blanca para actuar. Otra lección que podemos aprender es que es mejor escuchar lo que la gente de a pie tiene que decir antes de que se llegue a la quema de contenedores y al destrozo de cristales. Que la situación llegue a la violencia es muy perjudicial para todas las partes. Primero porque el aumento de la violencia implica casi siempre un aumento en la represión, que se acumula de una vez para otra. La presencia policial en las manifestaciones es cada vez mayor, e incluso el Gobierno ha redactado una nueva ley que restringe libertades. Segundo porque en el caso de que después de actos violentos el político de turno decida cambiar de opinión, se está dando el mensaje de que la violencia es la única vía de comunicación entre la élite gobernante y sus ciudadanos, con lo que es más que probable que esta aumente de forma progresiva en protestas posteriores.

Es cierto que habrá decisiones políticas que no gusten a todos. Es cierto que hay que tener cuidado con los ‘lobbys’ (desde una asociación vecinal a un grupo de multinacionales) porque su opinión no es necesariamente la opinión de la mayoría. Pero un buen gobernante debe escuchar a todos y llegar al máximo consenso posible. Casi siempre existen soluciones intermedias que satisfacen a todas las partes, a menos claro, que una de esas partes sea una empresa que se está llevando dinero público a dedo y cuyo propietario tiene un historial más que dudoso.

Escuchar y hablar. No parece tan complicado.

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¿Cuál es el baremo para aceptar estupideces en nombre de la religión?

Velos en las escuelas, crucifijos en las aulas… No importa de qué religión ni de qué costumbre estemos hablando, todo se reduce a una idea muy sencilla: la religión y las creencias personales deben ser siempre un asunto privado y los Estados deben permanecer al margen de todo ello.

Esto no significa que haya que ser neutral ante los asuntos religiosos, sino actuar de manera que las costumbres religiosas, esotéricas o sobrenaturales no afecten la vida de los que han elegido el camino de la razón. No se trata de prohibir a las personas creer en lo que quieran, sino de evitar que esas creencias influyan en los demás a través de los organismos públicos. El que quiera escuchar un sermón, es libre de hacerlo, pero ningún Estado debería tomar partido en eso, y menos financiar o adaptar sus leyes en función de las creencias de algunos.

La separación de la Iglesia y el Estado (iglesia, mezquita o sinagoga) es esencial para construir una sociedad que viva en paz consigo misma y que respete los derechos de todos los ciudadanos. Si esto se cumpliera en los países desarrollados se evitarían casos tan bochornosos y esperpénticos como el acaecido en la Universidad de York, en la cual se permitió a un estudiante no juntarse con sus compañeras para hacer un trabajo de clase debido a sus creencias religiosas. El chico no puede estar con las chicas, vaya faena. En un país con una legislación justa y unas normas civilizadas, este chico suspendería automáticamente al no hacer el trabajo que se le ha requerido y en las condiciones en que se le ha exigido. ¿Cuál es la excusa? ¿La religión? La universidad, efectivamente, le dio permiso para no hacerlo, violando así una norma que debería ser universal en la universidad: todos los estudiantes deben ser tratados igual y deben tener las mismas oportunidades. Al excusar a este estudiante de sus responsabilidades a causa de sus creencias, esta universidad abrió la veda a que cualquier persona que tenga problemas para avanzar a sus asignaturas, o simplemente no esté de acuerdo con alguna norma de su facultad, pueda saltársela a la torera o adaptarla como quiera en base a sus “profundas creencias religiosas”. ¿Deberíamos aceptar por ejemplo, como bien dicen algunos, que un estudiante tuviera derecho a realizar sacrificios humanos como hacían sus antepasados aztecas en nombre de sus costumbres y de su religión?

Este ejemplo del mundo real nos advierte del peligro de poner al mismo nivel las creencias religiosas y las normas básicas de convivencia de la sociedad. Es cierto que estas normas pueden (y deben) cambiar con el tiempo, pero siempre deben ajustarse a criterios razonables como el respeto, la defensa de los derechos humanos y la convivencia diaria. Transigir ante las personas que actúan al dictado de sus dioses y libros sagrados solo consigue empeorar una sociedad ya de por si bastante podrida. Es absurdo aceptar que un alumno pueda realizar sacrificios humanos en la universidad, al igual que es absurdo permitirle no hacer un trabajo porque tiene que interactuar con otras mujeres o permitir a una chica llevar un pañuelo en la cabeza si hay una norma que especifica que las cabezas no pueden estar cubiertas bajo techo.

Pese a que mis palabras pueden sonar intolerantes y discriminatorias contra las religiones y las personas religiosas, expresan justo lo contrario. Estoy abogando por un sistema que no permita que una persona pueda imponer sus costumbres a los demás a causa de la religión. Un sistema en el que todos seamos iguales ante la ley, y que nadie pueda saltársela porque le parezca mejor lo que dice un libro escrito hace 2000 años. Un sistema que impida que haya gente que se crea mejor que los demás y aproveche el miedo de los Gobiernos a legislar sobre estos asuntos para tener ventajas sobre el resto de la población. Estoy hablando de no discriminar a los que han decidido vivir sin religión y de acuerdo a leyes humanas en favor de los que creen que deben tener derechos y permisos especiales si adoran a este u otro dios.

Como no hay un baremo objetivo para definir qué costumbres o ideas son razonables dentro de la irracionalidad de la religión, mi propuesta es sencilla: o se aceptan todas las estupideces o se rechazan todas. En un país desarrollado creo que la opción más inteligente es la segunda. Rechazar la religión por norma, sin prohibir nada dentro del ámbito privado ni excluyendo ninguna costumbre que no interfiera con las leyes mortales. Una solución sencilla y rápida para que la humanidad vuelva a la senda del progreso y suelte este lastre que lleva arrastrando toda su historia.

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