Archivos Mensuales: noviembre 2012

O es comercio justo o no hay comercio

A menudo algunas ONG’s y empresas nos recuerdan la importancia de apostar por el comercio justo, un tipo de comercio que garantiza los derechos de los trabajadores y apuesta por métodos de cultivo, recolección y producción ecológicos. Pese a que actualmente los productos con la etiqueta ‘fair trade’  suelen ser algo más caros que los tradicionales, es un tipo de mercado que favorece a todas las partes. Los productores reciben un salario justo por su trabajo y se respetan sus derechos laborales. Los intermediarios también reciben unos ingresos adecuados a sus actividades y finalmente el consumidor obtiene productos de muy buena calidad, y a menudo más sanos (al ser alimentos menos procesados y con menos aditivos que los habituales).

Pero la realidad nos muestra cómo el consumo de este tipo productos se limita a una pequeñísima parte del mercado general de los países desarrollados. El comercio justo no vende. Y es únicamente por una cuestión de precio.

Pagar un salario mísero a un trabajador y producir e importar en masa en vez de apostar por lo local, reduce significativamente los costes de los productos, con lo que la competencia real es casi imposible.

Sin embargo cabe preguntarse si esta lucha desigual es justa. Cuando una multinacional explota sistemáticamente a cientos de agricultores para conseguir precios más bajos, ese margen de beneficio que obtiene desde el principio es casi imposible de batir por la empresa de comercio justo que ha decidido pagar una renta suficiente a su pequeño agricultor. Pero no estamos hablando de dos modelos de entender los negocios, sino de la impunidad y la ilegalidad que cometen muchas empresas para lograr ganar más.

Ya que las condiciones no son las mismas, los comerciantes de comercio justo parten con desventaja. Si algunas multinacionales juegan sucio, entonces debería haber un árbitro que regule el transcurso de la partida. Ese árbitro debe ser el Estado.

No tiene sentido gravar de la misma manera a una importación de cacao que cumple con los estándares de comercio justo que a otra que no lo hace. Cumplir los derechos de los trabajadores debería ser una condición sine qua non para tan solo poder hacer negocios en cualquier país. Es decir, cualquier empresa que no fuera de comercio justo, no debería poder vender sus productos en el país.

Aunque un gobierno no quiera tomar una medida tan drástica, siempre se puede regular esto vía impuestos. Los que incumplen los estándares mínimos de derechos humanos y calidad laboral, deberán ser gravados en consecuencia. Si esto se aplicara, estoy seguro de que los productos de comercio justo no serían tan caros, y veríamos entonces qué bienes prefieren los consumidores.

Es común escuchar a los gobernantes declarar cómo lamentan las condiciones de trabajo de algunos obreros en países como China, donde la explotación está a la orden del día. Son los mismos gobernantes que luego se sientan son los empresarios chinos para que sus empresas nacionales puedan importar productos a muy bajo precio. La culpa de que en el siglo XXI existan trabajadores chinos explotados son de los explotadores, la responsabilidad sin embargo es nuestra, de los consumidores, de los países que compramos esos productos sin importarnos las condiciones en las que se realizan.

Para acabar con el ‘comercio injusto’ no hay que hacer más publicidad del arroz ecológico o el chocolate ‘bio’, sino equilibrar la balanza y convertir a todo el comercio en comercio justo. Los estados tienen que regular todos los productos para garantizar que el término ‘comercio justo’ no sea necesario nunca más, y conseguir que cuando compremos cualquier marca de chocolate en la tienda, independientemente de dónde se haya fabricado, sepamos que no tenemos que preocuparnos, ya que nadie ha sido explotado para que podamos llevarnos una onza a la boca.

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Obama, segunda oportunidad

Los analistas anticipaban las elecciones más reñidas de las últimas décadas en EEUU. Aunque Obama finalmente ganó con soltura por su victoria en los estados clave, no se equivocaron del todo. La crisis económica global ha sido uno de los temas centrales de la campaña de los dos candidatos, Mitt Romney y Barack Obama, aunque obviamente han centrado su atención en EEUU.

Después de un desastroso mandato de George W. Bush, vino la primera legislatura de Obama. Los bancos habían creado la mayor crisis financiera de la historia y Barack tendría que lidiar con ella. Estos cuatro años han sido un desafío para la política del presidente. Cargado de promesas electorales como el cierre de la prisión de Guantánamo o la reforma sanitaria, Obama prometía un cambio en los EEUU, un cambio que pese a sus esfuerzos, no logró llevar a cabo.

Si bien es cierto que las propuestas de los demócratas han sido rechazadas una y otra vez por los republicanos, las políticas que han aplicado en cuatro años no han supuesto la revolución prometida. Obama ha tenido que lidiar con problemas graves como la alta tasa de paro, algo a lo que no está acostumbrado EEUU. Pese a la situación económica, Obama consiguió reducir el número de personas sin empleo en el último año de su legislatura, consiguiendo de esta manera, el apoyo necesario para ser investido una vez más como presidente.

Delante tuvo a Mitt Romney, del partido republicano. Empresario, capitalista y mormón. Prometía arreglar la situación financiera del país sin ahogar a los ciudadanos con más impuestos, pero fracasó en su intento de llegar hasta la Casa Blanca.

Obama tiene ahora una segunda oportunidad. Muchos en EEUU no creen que sea capaz de conseguir todo aquello que prometió ya que el sentimiento imperante incluso entre sus votantes después de su primer mandato es de decepción. Ahora tendrá la oportunidad de confirmar si su gobierno era realmente el del cambio o por el contrario, será un presidente más en la historia de los Estados Unidos de América.

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¿Hacer huelga o votar?

El pueblo tiene varias herramientas para cambiar las cosas. Por un lado se puede votar cada cierto número de años para elegir a los gobernantes. Por otro se puede presionar al Gobierno mediante huelgas y manifestaciones. Ambas son perfectamente válidas y legítimas para mejorar el estado de un país, pero la sociedad está decantándose más por la segunda opción que por la primera, ¿por qué ocurre esto?.

En las democracias consolidadas no es raro encontrar cierto desencanto en la población por la política. Los partidos dejan de ser el medio para arreglar los asuntos del país, para convertirse en parte del problema. Así lo ve una buena parte de la ciudadanía, que pone a la clase política (junto a la corrupción que se deriva de esta) como una de las grandes preocupaciones de la población.

No es extraño pues, que a la hora de votar, este desencanto se traduzca en abstención. No votar es el medio de protesta de muchos ciudadanos que creen que gobierne quien gobierne, las cosas no van a cambiar. Sin embargo es esta actitud la responsable directa de la impunidad de los gobiernos actuales.

La abstención es una opción legítima pero errónea. Excluirse de las decisiones de un país implica dejar que otros decidan por ti. Al final de todo el proceso electoral algún partido tiene que gobernar, con lo que es preferible que sea uno de nuestro gusto (aunque no estemos de acuerdo con todas las ideas que propugna) a esperar que nuestra abstención haga reflexionar a los políticos actuales y dimitan, algo que no pasará.

Las huelgas y las manifestaciones son una herramienta muy útil de presión, probablemente las mejores que tienen los ciudadanos. Sin embargo en los últimos años han perdido su eficacia por dos razones: son demasiado frecuentes y se producen poco después de la toma de decisiones de un gobierno democraticamente elegido.

Utilizar de manera moderada un recurso como una ‘huelga general’ garantiza la efectividad de la misma. Al igual que el cuento de ‘Pedro y el lobo’, si todos los días gritamos pidiendo ayuda, el día que lo necesitemos de verdad no nos harán caso. Esto no significa que las demandas de los convocantes y asistentes a estas huelgas y manifestaciones no sean legítimas o estén exentas de razón, sino que el abuso de esta herramienta provoca efectivamente, un debilitamiento de su efectividad para cambiar cosas.

De igual manera, cuando se convocan este tipo de manifestaciones pocos meses después de unas elecciones generales, cabe preguntarse ¿dónde estaban todas esas personas el día que hubo que elegir al Gobierno?. La capacidad de movilización social del pueblo está más que demostrada, sin embargo falla a la hora de utilizar las herramientas democráticas para realizar cambios. El voto es la manera más sencilla y efectiva de echar a los políticos inútiles de sus escaños, lástima que no todos los ciudadanos quieran usarlo.

El clamor popular en la calle manda un mensaje: el pueblo está vigilando, no toleramos vuestra incompetencia y vuestro desprecio a los derechos de las personas. Las huelgas son necesarias, sino imprescindibles para un correcto funcionamiento de una democracia real, pero esta democracia se basa en elegir a los gobernantes, y si fallamos en ese punto, estamos utilizando el sistema de una manera muy ineficaz.

El voto es el arma del ciudadano contra la corrupción y la ineptitud. Una manifestación puede ser desacreditada y ninguneada por el poder. Pueden ignorarla o atacarla, o incluso prohibirla. Pero lo que no pueden ignorar es la decisión de los ciudadanos al elegir a sus gobernantes, y es aquí cuando realmente hay que movilizarse y salir a la calle. Mejor que elegir a un mal gobernante y quejarnos de su trabajo, es elegir directamente a uno bueno.

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