Archivos Mensuales: octubre 2012

Banca pública o crisis permanente

Hay mucho análisis sobre el origen y las causas de la mayor crisis económica en décadas. Yo me inclino por la que afirma que es culpa de los bancos y responsabilidad de los políticos.

Pese a que hay diferentes tipos de banca dependiendo del país en que nos encontremos, el modelo más común es la banca privada. Unos accionistas participan en los beneficios de la empresas y asumen unos riesgos para obtener una rentabilidad por su inversión. El funcionamiento de este tipo de empresa no es muy diferente de cualquier otra empresa privada. Existe un presidente, unos ejecutivos que toman decisiones, un departamento de marketing, empleados que venden los productos directamente al consumidor…

Sin embargo hay una gran diferencia entre un negocio en cualquier sector de la economía y el sector de la banca. En el primer campo, la empresa puede arruinarse, en el segundo no.

Si el dueño de una cadena de restaurantes no gestiona bien los recursos de la empresa, esa compañía puede empezar a deber dinero y a no pagar sus deudas, lo que implicará con toda seguridad, que los gastos superarán a los ingresos, con lo que no habrá beneficio. Esta situación se puede mantener de manera coyuntural, pero no es posible alargarla durante mucho tiempo, ya que llegará un momento en el que los dueños no puedan hacer frente a los pagos o directamente decidan que no merece la pena seguir poniendo dinero. En ese momento la empresa se declara en quiebra y se opta por liquidarla, traspasarla o venderla.

El ciclo de vida de un banco debiera ser similar. Si el administrador del banco no es capaz de equilibrar gastos e ingresos de manera adecuada, esa empresa podría arruinarse y tener que cerrar. Pero no esto no ocurre en casi ningún país ¿por qué?.

Los bancos forman parte del sistema financiero. Esta parte de la economía se dedica casi en exclusiva a una cosa, financiar, prestar dinero. Para hacer cualquier tipo de intercambio de bienes y servicios por dinero, se necesita disponer de ese capital, el cual se puede obtener de nuestros ahorros y nuestras ganancias personales o por medio de créditos a los bancos. Es en el segundo caso cuando la banca empieza realmente su negocio, ya que para crear nuevas empresas o comprar bienes de alto valor (como una vivienda o un coche), los ciudadanos corrientes necesitan el dinero por adelantado. Los bancos por tanto son el nexo entre el consumidor y el oferente de bienes, un engranaje fundamental para que la economía funcione.

Pero si es un elemento tan importante en este mecanismo, ¿por qué se deja en manos privadas?.

El modelo ideal en el intercambio de bienes y servicios es la competencia perfecta. En este mercado ni los consumidores ni los vendedores de manera individual tienen suficiente poder para alterar los precios. Una frutería puede decidir subir los precios, pero si el consumidor no está de acuerdo en pagarlos, elegirá otra de las muchas que hay. Es un modelo ideal para casi todos los sectores económicos. Sin embargo el sector bancario no funciona así, sino como un oligopolio, es decir, unas pocas empresas controlan toda la oferta de un servicio (dinero), con lo que su poder de decisión e influencia es altísimo.

Esa es la razón por la que un banco no puede quebrar. Las entidades financieras están profundamente interconectadas, de manera que todos deben a todos y la caída de una pieza del sistema haría que las demás cayeran por efecto dominó. Antes de que esto se produzca, los gobiernos, mediante inyecciones de liquidez, prestan dinero público a las maltrechas arcas de estos bancos para ‘sanear’ sus cuentas. De esta manera pueden continuar con su actividad o se preparan para que otras las compren, disminuyendo así el número de competidores y alimentando el oligopolio antes mencionado.

No parece justo que la banca sea el único sistema al que los estados puedan rescatar en caso de crisis, cuando miles de empresas de todos los sectores se van a la ruina. Los gobiernos lo justifican alegando que si un banco desaparece, los ahorros de sus clientes (ciudadanos sin culpa alguna) se perderían, lo que no es aceptable.

Esta situación se daría en caso de que realmente quebrara una entidad. El cliente debe asumir que al poner su dinero en una empresa privada, está asumiendo un riesgo de perder ese dinero. Sin embargo esta situación no es justa, ya que incluso si ese cliente conoce las reglas de juego y decide no guardar su dinero en estos bancos, no dispone de alternativas para poder participar en el sistema económico moderno (necesitado de tarjetas de crédito, transacciones y pagos automáticos). Por tanto la solución es bien simple, crear un banco público.

Una banca pública ofrecería una alternativa segura a aquellos clientes que, huyendo de la especulación y la ganancia fácil (aunque arriesgada) de las inversiones en mercados secundarios, quieran simplemente mantener sus ahorros en una caja fuerte. Así, sin perjudicar el actual sistema de banca privada (que por otro lado precisa de una urgente regulación), tendríamos dos tipos de modelos financieros, perfectamente compatibles entre sí que eximiría a los gobiernos de toda responsabilidad. De esta manera, el cliente que quiera invertir, podría acudir al banco tradicional, donde puede ganar más dinero que en la banca pública, a costa de un riesgo de perder esa inversión, riesgo que no existiría en la banca pública, al contar con el aval del estado.

El banco público podría también centrar sus esfuerzos en la financiación de las pequeñas y medianas empresas, que en el caso de España, suponen más del 90% del tejido empresarial, y buena parte del empleo. Así se podrían solucionar dos problemas de una sola tacada: por un lado, proveer a los ciudadanos de un lugar seguro donde guardar su dinero, y por el otro, reactivar la economía.

Esta medida es extremadamente sencilla de aplicar a nivel estatal, ya que bastaría con nacionalizar uno de los bancos que tenga problemas, agenciarse sus activos y empezar a utilizarlos para fines sociales. Otra opción es crearlo de cero mediante un fondo especial, algo que también serviría.

Hay sectores en los que el libre comercio y la libertad de entrada y salida en el mercado funciona muy bien, ya que se tiende a la competencia perfecta. Pero otros sectores, como el bancario, son estructurales, y no deberían estar (al menos no en su totalidad) en manos privadas.

El equilibro entre libertad de empresas y regulación estatal, es la clave para crear estados libres y económicamente fuertes, que garanticen a los ciudadanos sus derechos y que sea inmune a la ineficacia y la incompetencia de unos pocos empresarios sin criterio, que con su mal hacer, arrastraron a toda una generación de ciudadanos a la ruina. La decisión es sencilla: banca pública o crisis permanente.

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Subvención pública, beneficio público

Los gobiernos suelen reservar una parte de sus presupuestos estatales para conceder ayudas o subvenciones a ciertas actividades, generalmente de carácter cultural, económico o social. Ocurre por ejemplo con las ayudas al cine, la música o el arte en general. En un país que quiera fomentar la cultura es importante que existan este tipo de subvenciones, que promueven actividades generalmente alejadas de lo comercial y enfocadas a ofrecer puntos de vista alternativos. Pese a que en ocasiones el nivel de ciertos actos , exposiciones y obras deja mucho que desear, en general resulta algo positivo para la sociedad.

Pero realizar un producto no comercial no implica que sus autores no tenga ánimo de lucro. Si bien es cierto que muchas actividades se realizan de manera altruista (como medio de expresión artística o simplemente para transmitir un mensaje determinado) no es menos cierto que la mayoría de creadores intentan obtener beneficios de sus trabajos para poder (legítimamente) vivir de su arte.

Sin embargo en este punto nos encontramos por lo general con un problema. Las obras artísticas son susceptibles de ser registradas y obtener unos derecho de explotación y de propiedad intelectual. Generalmente estos derechos permanecen en manos privadas desde el principio, tanto en los propios artistas como en las empresas distribuidoras y productoras del material. Son ellos los que deciden cómo gestionar esos derechos para sacarle el máximo rendimiento (entendiendo rendimiento la difusión de los trabajos en algunos casos y la obtención de beneficio económico en otros). Nadie niega el derecho de los artistas a cobrar y a obtener un dinero por su trabajo, sin embargo, en este punto cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿un proyecto financiado con dinero público puede tener derechos de propiedad privados?.

En un mundo eminentemente capitalista, a nadie se le niega el derecho de proteger sus creaciones. Si inventas algo, debes poder proteger ese conocimiento y trabajo para que nadie se aproveche de él. Sin embargo esto solo funciona si el riesgo (dinero) lo ha tomado un particular o el Estado. En el primer caso la decisión de cómo gestionarlo pertenece en su totalidad al inventor, en el segundo caso no debería.

Una película, canción o libro financiado con dinero público debería ser licenciado bajo unos derechos de propiedad intelectual abiertos y públicos, sin restricciones para reproducirlos, copiarlos o interpretarlos por cualquier ciudadano. No tiene sentido dedicar dinero de los impuestos de todos a financiar proyectos privados que quedarán en manos privadas sin que lo público pueda reclamar sus derechos. La obra cultural subvencionada debe servir como escaparate para mostrar un mundo generalmente ajeno al individuo del siglo XXI, más centrado en la televisión e Internet (pese a que ambos son magníficos medios para difundir la cultura). El autor de una obra subvencionada debería tener derecho a que su creación le sea reconocida de por vida (derecho a la mención), pero no a apropiarse de su uso cuando todos (disfrutemos de ella o no) pagamos por ella.

El Estado no tiene porqué mantener y financiar los proyectos personales y privados de nadie, por muy artistas o culturales que sean, si permanecen en el ámbito privado y lucrativo. Cuando el Estado gasta un dinero en una actividad, debe ser el Estado el que reciba los beneficios de esa actividad, sin discriminar a nadie por su condición social o económica, y esto sirve tanto para proyectos culturales como de otra índole.

No debemos acostumbrarnos a exigir a los Gobiernos a pagar por todo cuando los beneficios repercuten solo en unos pocos. Lo financiado con dinero público debe ser efectivamente público para que lo financiado privadamente, quede por supuesto, en manos privadas.

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