La última esperanza de la humanidad

La humanidad ha conseguido mejorar mucho en el último siglo y aunque parezca que todo está peor que nunca, es el momento de la historia en que menos guerras y pobreza hay. La consolidación de las democracias occidentales, el desarrollo de los países más pobres o la globalización han contribuido a ello. Sin embargo siguen existiendo muchos conflictos cuyo origen puede deberse a razones políticas, económicas o religiosas, pero que si los analizamos detenidamente nos daremos cuenta de que todo tiene un nexo: la energía.

Cómo obtener energía es el mayor problema que tiene la humanidad y del que se derivan el resto de problemas. Muchos de los conflictos territoriales que existen en el mundo se deben al control de los recursos naturales. La obtención de petróleo y gas ha provocado muchas guerras, ya que quien controla su extracción, dispone de una gran riqueza que puede utilizar para desarrollarse sin dependencias externas. El ejemplo más claro es el de los países del Golfo Pérsico. Hace setenta años no eran más que un territorio yermo en el que solo había arena y rocas. En esos mismos sitios hoy en día se erigen los rascacielos más grandes del mundo y sus habitantes son los que tienen una mayor renta per cápita. Hacen bien en desarrollarse lo más rápidamente posible ya que sus recursos, aunque abundantes, son limitados. Más vale que el día en que se acaben, estos países tengan alguna alternativa para el sustento porque en caso contrario no podrán vivir en unas condiciones similares a las actuales. La obtención de recursos para producir energía es lo que mueve no solo a estos países en concreto sino al mundo entero. Un país que tenga acceso a energía relativamente barata será capaz de desarrollarse, en caso contrario será imposible que mejore. Sin energía no puede haber industria, construcción o producción de alimentos a gran escala. Si las necesidades básicas de una población no están cubiertas es imposible aspirar a logros mayores. Por lo tanto la prioridad de cualquier Estado es la de obtener energía para funcionar. Pero si esa energía es escasa y cara se producen desequilibrios entre los que la controlan y los que la necesitan pero no pueden acceder a ella; se produce desigualdad. Esa desigualdad es lo que a menudo crea los conflictos a nivel mundial.  Si eliminamos esa desigualdad, habremos acabado de un plumazo con la mayor parte de los problemas de la humanidad. Imaginemos que la energía, de un día para otro, pasa a ser prácticamente gratuita, ilimitada y limpia. La contaminación del aire y del agua serían historia. Se podrían construir desaladoras de agua que regaran los desiertos y los convirtieran en bosques. Podríamos producir alimentos de cualquier clase en cualquier lugar del mundo. La fabricación de casi cualquier cosa pasaría a costar una fracción de lo que cuesta ahora. El transporte sería tan barato que la gente podría moverse con mayor libertad y en menor tiempo. Cualquier pueblo podría ser autosuficiente porque podría producir lo necesario para subsistir por sí mismo. En un mundo en el que todo el mundo tiene de todo y en el que las necesidades básicas quedan cubiertas, la mayoría de los conflictos quedarían resueltos. La energía es lo que mueve al mundo y lo que más importa para nuestra supervivencia como especie. Contado de esta manera parece una entelequia pero la humanidad podría conseguirlo. Solo veo una solución posible: la energía de fusión.

El sol, debido a su enorme gravedad, es capaz de fusionar dos átomos de higrógeno para crear uno de helio. En ese proceso se libera una enorme cantidad de energía. Es un reactor termonuclear natural y es el mismo proceso que se está intentando replicar en la Tierra, en un laboratorio. Este medio de obtener energía es limpia, segura y prácticamente ilimitada. Tanto que una vez se controle el proceso y se puedan construir generadores de fusión, la electricidad será tan barata y abundante que no tendrá sentido consumir combustibles fósiles para producirla. Existen muchos medios para producir electricidad de manera suficientemente limpia pero la implantación de estas tecnologías es demasiado lenta y mientras tanto el mundo sigue calentándose y la humanidad más cerca de su extinción. Por mucho que evolucione y mejore la energía solar, eólica o maremotriz, es posible que para entonces ya sea tarde y la situación se haya vuelto irreversible. Así que creo que nuestra salvación depende completamente de conseguir dominar la fusión de aquí a pocas décadas. Es la energía que salvará al mundo y debería ser nuestra prioridad. Es, simplemente, la última esperanza de la humanidad.

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El ‘referendum’ catalán no es un problema

El Constitucional anulará cualquier ley de referendum que apruebe el Parlamento de Cataluña. El Gobierno ataca día sí y día también cualquier iniciativa en este sentido. Los partidos no independentistas muestran unidad para hacer ver que lo que está haciendo Puigdemont es un disparate. Sin embargo la convocatoria de un referendum en Cataluña no tiene importancia. ¿Por qué?

La Constitución es un conjunto de normas que están por encima de cualquier ley. Para modificarla se requiere (por lo general) un consenso político y aquí sí, la convocatoria de un referendum para que la gente vote si está de acuerdo o no con ese cambio. Es obvio que no hay ninguna manera legal de que un gobierno autonómico convoque un referendum para pedir la independencia de su región por su propia cuenta y riesgo. Es decir, que si el actual gobierno catalán le da por hacer una votación para preguntar a la gente si quiere la independencia de Cataluña del resto de España, no es más que una encuesta, tan válida como una que pueda convocar yo en mi barrio y votando por Internet. Es simple y llanamente, una acción sin ningún tipo de consecuencia legal ya que no es vinculante. ¿Por qué entonces esa preocupación porque se celebre un referendum? El gobierno central no debería centrarse en impedir votar, sino en si se están usando fondos públicos para actividades que no son las que deberían. Sería un problema de malversación o prevariación, no de celebrar o no una encuesta popular. En el momento en que el gobierno usa al Constitucional para para este ‘referendum’ no está sino otorgando una legitimidad a esa votación que no tiene. Esos resultados no son válidos ya que no es una consulta legal, no tiene un censo oficial ni está regulada o avalada por un organismo compentente. Por lo tanto no tiene sentido dedicar tantos esfuerzos por parar una votación que no supone absolutamente ningún tipo de cambio legal. Celebrar una votación no debería ser delito porque no se está atentando contra la libertad de nadie. Diferente sería el caso de que se promulgara alguna ley que obligara a los funcionarios catalanes a desobedecer al gobierno central o a incumplir alguna ley. Ahí sí que tienen que entrar los jueces, porque ahí si se estaría atentando contra la libertad de los ciudadanos. El enfoque por lo tanto es erróneo desde el primer momento y esa aparente fortaleza y defensa de la unidad de España no hace más que animar a los independentistas a seguir adelante, porque cada vez que un miembro del Gobierno de España o algún portavoz del Partido Popular se obceca en atacar la celebración del referendum, lo único que consigue es que más gente se una al bando independentista, ya que todas estas declaraciones se ven como una falta de democracia (aunque en realidad no lo sea). Pero tan importantes son los hechos en este caso como la percepción que los ciudadanos tienen de ellos. No importa que nadie esté quitando libertades al pueblo catalán. Si la gente de Cataluña percibe que realmente están perdiendo derechos, cada vez más personas se volverán más reticentes a cualquier tipo de decisión que venga del Gobierno y por lo tanto, más empeora la situación. Nunca es buena idea atacar a los extremos con extremos. El Partido Popular es un partido nacionalista, tan sordo y egoísta como los nacionalistas catalanes. Es combatir el fuego con el fuego y al final lo que está ocurriendo es que el incendio se nos está yendo de las manos. No hay que ceder a chantajes, hay que cumplir la ley, pero no hablamos de que el Gobierno deba ser blando, sino cordial y flexible; no dar un paso atrás pero tampoco ser tan beligerante contra un grupo de políticos que lo único que han hecho hasta ahora es ‘amenazar’ durante meses con convocar un ‘referendum’. En el momento que hagan algo ilegal, la justicia actuará. Mientras tanto, lo más inteligente sería ignorar la mayoría de sus pretensiones, sonreir amistosamente y no caer en este juego de banderas donde hay mucho más que perder que de ganar para ambos bandos. Tenemos al Gobierno más incompetente de las últimas décadas con el nacionalismo e independentismo catalán más radical y egoísta de la historia. Así nos va.

La libertad de expresión: la gran olvidada de la política en España

Todos los partidos políticos en España afirman defender la libertad de la gente en general y la libertad de expresión en particular. En todas las ideologías políticas el tema de la libertad ha sido siempre importante ya sea por haber luchado por lograrla, por mantenerla o incluso por acabar con ella en nombre de la seguridad, la religión o el patriotismo. Los partidos políticos actuales, representados principalmente por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, hablan constantemente de ello y se atacan unos a otros cuando la libertad de sus simpatizantes o sus miembros se ve amenazada. Ocurrió con el caso de Guillermo Zapata, concejal de Ahora Madrid que hizo un chiste en Internet sobre Irene Villa, víctima del terrorismo. El PP acusó a Zapata de hacer apología del terrorismo y de no respetar a las víctimas. Podemos por su parte, defendió el derecho a la libertad de expresión y afirmó que contar un chiste no puede ser delito. El debate surgido por este suceso se centró en los límites de la libertad de expresión y del humor. Más tarde surgió otro debate similar. Un autobús de la asociación ultracatólica Hazte Oír difundió un mensaje que rezaba: Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Este mensaje fue considerado por Podemos como una ofensa contra los transexuales y pidió la prohibición de que el autobús siguiera circulando por las ciudades. Los dos casos son ejemplos de expresiones sobre temas delicados y tanto por un lado como por el otro, siempre hay quien defiende eso en nombre de la libertad de expresión y quien lo ataca diciendo que los límites se han sobrepasado y que se debe prohibir ese tipo de mensajes. A a raíz de este incidente el grupo parlamentario de Podemos presentó una proposición de ley en el Congreso: Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. La idea es que actos como los del autobús sean sancionables por vía administrativa si la vía judicial no considera esos actos un delito. Es decir, que si una persona hace una broma en Twitter o pone un mensaje en un autobús y un juez dice que es libertad de expresión y que no existe delito, el Gobierno podría sancionar igualmente ese acto y además proceder al “decomiso y destrucción, borrado o inutilización de libros, archivos, documentos, artículos y cualquier clase de soporte”. En otras palabras, si un juez aplica la ley y no ve delito alguno pero el Gobierno cree que esas palabras son censurables, podrá aplicar esa censura mediante una comisión administrativa, sin tener en cuenta a los jueces. Es una proposición de ley equiparable a la Ley Sinde del PSOE, que daba potestad al Gobierno de cerrar páginas web sin pasar por un juez. La Ley de Seguridad Ciudadana del PP, más conocida como Ley Mordaza, aplicaba el mismo sistema para sancionar a manifestantes o grupos que se reunieran sin ‘autorización’, sin pasar por un juez tampoco. Ahora, Podemos quiere hacer lo mismo, por una causa ‘justa’, defender a los homosexuales, pero sin contar con el poder judicial. En los tres casos es un claro ejemplo de cómo los grupos de presión han influenciado al Gobierno de turno para imponer sus criterios morales sobre lo que es correcto decir y lo que no. Estos tres partidos tienen un problema con la libertad de expresión ya que solo promueven medidas restrictivas cuando las expresiones están en contra de sus valores o lo que ellos consideran ‘pasarse de la raya’. Al final estamos viviendo una época en la que la ofensa colectiva está influyendo en los legisladores a la hora de redactar las leyes y la consecuencia de todo esto es un claro retroceso en la libertad de las personas, la libertad de poder decir tu opinión sobre un tema, de decir algo distinto, de contar un chiste… El insulto personal ya está contemplado en la ley y un juez puede condenar a una persona que amenaza a otra, pero lo que estos tres partidos han pretendido con estas leyes es ignorar la ley actual, saltarse al poder judicial y aplicar sanciones administrativas por estas ‘ofensas’, que lo son o no dependiendo del color del partido que gobierne en ese momento. Hay dos grandes problemas con estas iniciativas: la vuelta de un Estado censor y garante de la moral del pueblo (como el franquismo) y la independencia del poder judicial, que cada vez más está en entredicho con los actos mafiosos del actual gobierno popular. Estos tres partidos (y muchos otros) no han entendido lo que significa la libertad de expresión, que incluye también el derecho a que los demás se sientan ofendidos por algo que quizá no esté bien visto o sea demasiado revolucionario, pero que sin duda es la base de un país democrático y libre.

“Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír.” Orwell